La policía desalojó y detuvo a primera hora de ayer a los 270 inmigrantes que mantenían el encierro en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, iniciado el pasado 10 de junio en demanda de su regularización y en el que llegaron a participar algo más de 400. El desalojo se produjo sin que se registrasen incidentes y tras la petición realizada al Gobierno por el rector en funciones, Juan Jiménez, quien denunció los «graves altercados» de orden público producidos dentro del recinto y solicitó el desalojo inmediato «mediante la entrada e intervención policial necesaria».
Los inmigrantes, en su mayoría argelinos, fueron conducidos a unas insta laciones policiales de Sevilla, donde fueron identificados durante la tarde. A su vez, ocho de los inmigrantes fueron trasladados a diversos centros sanitarios por desnutrición, desde donde posteriormente se les desplazó hasta las dependencias policiales centrales de Sevilla, en Blas Infante.
Tras la intervención, la Policía procedió a analizar la situación documental y las actuaciones de los inmigrantes encerrados, mientras que el Ministerio del Interior señaló que aplicará «escrupulosamente» las medidas legales que sean procedentes en cada caso.
Las autoridades de la Universida Pablo de Olavide justificaron su petición de la actuación policial en que un «pequeño grupo» de inmigrantes amenazaba al resto, impedía que los enfermos pudieran abandonar el recinto y ponía en peligro la seguridad interna por sus constantes entradas y salidas. Al respecto, el vicepresidente primero del gobierno, Mariano Rajoy, recordó que cuando él era ministro del Interior decidió que «en cuanto alguien le solicitara intervenir, porque habían sido invadidas las dependencias de las que era titular o sobre las que tenía responsabilidad, nosotros lo haríamos».
Tras el desalojo, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, pidió a las autoridades que sean «generosas» con los inmigrantes porque «vinieron manipulados y han soportado dos meses de encierro», y solicitó que no se tramiten órdenes de expulsión para aquellos que tienen posibilidades de regularización. Por su parte, la denominada «red de apoyo a los encerrados», en la que están representadas ONGs, mostró su temor de que no se cumplan los derechos legales de los inmigrantes, como la asistencia por parte de un abogado y un intérprete, por su «carácter masivo», y denunció que «como en el franquismo, se han usado métodos represivos contra personas que mantenían una protesta pacífica».