El objetivo del texto es según el Gobierno, «impulsar un sistema efectivo de calidad y oportunidades para todos», unas cualidades que no son percibidas de la misma manera desde la oposición y los sindicatos. Todos ellos consideran que la ley fomenta la segregación de los alumnos y que se favorece la educación concertada. Con esta ley, el Ministerio de Educación pretende «reducir el índice de fracaso escolar, elevar el nivel de formación de los alumnos, fomentar la cultura del esfuerzo y mejorar las condiciones para el desarrollo de la función docente». Para ello suprime la promoción automática, una medida que implica que los alumnos con tres o más asignaturas suspendidas repetirán curso, «y que evitará espejismos que sólo conducen al fracaso escolar», según explicó la ministra de Educación, Pilar del Castillo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Por otro lado, en tercero y cuarto de la ESO se abrirán distintos itinerarios, que serán de libre elección con la orientación del centro. Todos ellos conducirán al mismo título. La elección es reversible. Además, se establecen pruebas extraordinarias de recuperación en Secundaria y se permitirá dar por aprobada la ESO de manera excepcional a alumnos que hayan suspendido una asignatura. Igualmente, se establece una Prueba General de Bachillerato (PGB), «tal como ocurre en la mayoría de los países de la UE», para homologar los conocimientos. La nota del título de Bachiller será la media del expediente y la calificación de la PGB. La Ley también establece Programas de Iniciación Profesional, con una duración de dos años, que sustituyen a la actual Garantía Social, y que significan una nueva opción conducente a título para aquellos estudiantes que no consigan los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. Del mismo modo, se desarrolla la evaluación del sistema educativo a través de pruebas de diagnóstico.
Estas novedades no fueron bien acogidas por PSOE, IU, CC OO, UGT y Sindicato de Estudiantes. La secretaria de Educación, Universidad, Cultura e Investigación, Carme Chacón del PSOE, creyó que el proyecto «es un claro exponente de la política segregadora del Gobierno ya que se rinde al fracaso escolar con una discriminación temprana». Para el secretario general de IU, Gaspar Llamazares, el texto «limita las posibilidades de acceso a estudios superiores de los jóvenes con menos recursos y de clase media-baja».
Los sindicatos tampoco vieron bien la reforma. FETE-UGT, CC OO y el Sindicato de Estudiantes criticaron la falta de presupuesto. UGT cree que el texto es una operación cosmética del Gobierno y criticó especialmente el itinerario para iniciación profesional al calificarlo de un itinerario basura que «sólo servirá para aparcar a alumnos». Por su parte, el sindicato de Estudiantes hizo un llamamiento a la huelga general de la comunidad educativa durante el mes de octubre. Jara Pérez, miembro de la Ejecutiva Estatal del SE, denunció que la norma dificulta el acceso a la educación universitaria a través de la PGB y la implantación de itinerarios de primera y segunda categoría.
Además cree que el Ejecutivo debería «aumentar la inversión para motivar a los alumnos de 14 años desmotivados en lugar de desviarlos hacia caminos basura». En cuanto a las asociaciones de padres de alumnos, CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos) coincide sobre las críticas sobre la segregación de alumnos y la falta de recursos mientras que Concapa (Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos) aplaudió la supresión de la promoción automática y pidió «garantías» sobre la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil, unos cursos que los padres que llevan a sus hijos a colegios concertados tienen que pagar al no estar subvencionados.