El Tribunal Supremo revertió ayer una decisión que mantuvo durante trece años y dictaminó que no se podrá ejecutar más en Estados Unidos a las personas con retraso mental que hayan cometido asesinato porque que viola la Constitución. La decisión del máximo tribunal estadounidense, aprobada por seis votos contra tres, se refiere únicamente a los retrasados mentales condenados por asesinato y no a la constitucionalidad de la pena capital en general.
Emitieron su voto en contra el presidente del Tribunal Supremo, William Rehnquist, y sus colegas Antonin Scalia y Clarence Thomas, los miembros más conservadores entre los nueve magistrados que son los integrantes del alto órgano judicial. Los magistrados que votaron a favor de la medida explicaron que la ejecución de reclusos en esa condición sanitaria irregular transgrede la prohibición constitucional de «castigos crueles y excepcionales».
Hasta ayer varios de los 50 estados de Estados Unidos no consideran esa condición mental como una justificación que evite la aplicación de la sentencia de muerte a reclusos con problemas mentales, pero en 18 estados, de los 38 estados donde se aplica la pena de muerte, se prohíbe esta condena a los presos en esa situación sanitaria.
La decisión del Supremo ha causado satisfacción entre los grupos
defensores de los derechos humanos y de los derechos
civiles.