El ingreso forzado de los denominados «niños de la calle» en estos centros «de acogida» deberá ser, según señala la ley, «el último recurso a emplear y sólo se podrá acordar cuando no sea posible utilizar» otras medidas menos contundentes, como su presencia en centros socioeducativos diurnos o el alojamiento nocturno de corta estancia. La reforma legislativa subraya que «es necesario que la ley prevea la posibilidad de restringir o suprimir con carácter temporal las salidas de estos menores de los centros de internamiento en los que se encuentren, con la finalidad de que la entidad pública pueda llevar a cabo el ejercicio de sus funciones tutelares».
Además, la Administración podrá decidir el ingreso de menores desamparados e indocumentados en los centros de acogida, pero esta medida deberá ser temporal (30 días prorrogables) y notificada al fiscal y al juez, en caso de que el joven o su representante no estén de acuerdo. Se estima que por las calles de Barcelona y municipios próximos «vagan» entre 300 y 400 menores, muchos de ellos desamparados e indocumentados, que han entrado ilegalmente en el país y que principalmente proceden de países magrebíes. Hasta ahora estos adolescentes, que según la policía suelen llevar a cabo pequeños hurtos para sobrevivir y «esnifan» cola, sólo permanecían en los centros de la Generalitat voluntariamente, pero muchos de ellos preferían permanecer en las calles ante la desconfianza que les producían los centros.
El Departamento de Justicia asumirá, además, de forma automática, las funciones tutelares sobre los «niños de la calle» hasta su mayoría de edad, e incluso se reserva la posibilidad de pedir al juez que suspenda la potestad del padre o de la madre cuando estos provoquen al menor una situación de «desamparo». El conseller de Justicia, Josep Delfí Guardia, que ha defendido la reforma de la ley, ha indicado que «no podremos de inmediato construir nuevos centros, pero si que se podrán adecuar los existentes en un plazo prudencial», y ha añadido que algunas instalaciones que acogen ahora a niños se transformarán en centros para adolescentes. La ley, muy criticada por los grupos de la izquierda cuando fue aprobada por el ejecutivo y remitida a la comisión del Parlament, ha sido modificada en diversos aspectos para garantizar que los derechos de los menores no puedan ser vulnerados. Por este motivo, el proyecto de ley ha contado con el voto favorable de todos los partidos.