La Comisión Europea propuso ayer que los quince Estados miembros compartan los costes económicos y operativos del control de las fronteras exteriores, en un proceso que desembocaría, a medio plazo, en la creación y formación de un cuerpo europeo de guardia de fronteras. Bruselas quiere con estas orientaciones garantizar una gestión integrada de las fronteras de la Unión Europea que sea verdaderamente comunitaria y no sólo una yuxtaposición de sistemas nacionales. Busca soluciones operativas para mejorar el control de las fronteras exteriores y hacer comprender que libre circulación dentro de la UE no rima con inseguridad para los ciudadanos ante los fenómenos migratorios.
El Gobierno de Melilla tras mantener una reunión de urgencia, decidió no devolver las competencias sobre los menores inmigrantes al Estado, tal y como anunció ayer tras admitir que la ciudad autónoma estaba desbordada por el incremento de menores que llegaban a la ciudad para ser acogidos. Las autoridades locales mantendrán una reunión con responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para acordar un posible aumento del presupuesto para este fin.
Está previsto que el próximo día 16 mantengan una reunión con responsables estatales para acordar posibles ayudas económicas para atender a los menores que lleguen a la ciudad. No obstante, la consejera de Bienestar Social, Isabel Quesada, subrayó que tal y como anunció ayer, no se decretará la situación de desamparo a los menores que lleguen, sino que se ha decidido que se les considerará como chicos «en situación de riesgo».
Esta diferencia administrativa implica que el Ejecutivo autonómico, aunque dará los servicios básicos que precisen los menores (alojamiento, alimento, sanidad y educación), no se encargará de su tutela y hará lo posible por localizar a la familia y devolverlos a su país de origen, que en la mayoría de los casos es Marruecos.