El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos denegó ayer a la británica Diane Pretty, que se encuentra totalmente paralizada por una degeneración neuronal incurable, la posibilidad de que su marido la ayude «a morir dignamente» sin incurrir en delito. En su primera sentencia relacionada con la eutanasia, el Tribunal de Estrasburgo estima que ningún Estado puede ser obligado a tomar medidas que conlleven «la terminación de una vida». También justificó la prohibición del suicidio asistido temiendo un «aumento significativo» del riesgo de abusos si, como lo pedía Pretty, las personas que ayudan a morir a enfermos físicamente incapaces de suicidarse son exentas de responsabilidad penal.
Tras conocer la sentencia, la Asociación Derecho a morir dignamente criticó que «se hayan cerrado los ojos al dolor» y que estas sentencias «se sometan a las creencias de un juez». Por eso, pidió una regulación similar a la holandesa en torno a la eutanasia. Diane Pretty sufre una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa neuronal que afecta a los músculos, lo que la mantiene prácticamente paralizada y sin posibilidad de curación. Sin embargo, su capacidad intelectual sigue intacta. La paralización de los músculos le impiden cada vez más hablar con normalidad. En estos momentos, su esperanza de vida es muy limitada, apenas unas semanas o unos pocos meses. Aunque el suicidio no está prohibido en la legislación británica, sí lo está la asistencia al mismo, tal y como establece la Ley de Suicidio de 1961, por lo que los Pretty necesitaban la autorización previa de los tribunales británicos, con el fin de que Brian Pretty no fuera encarcelado.
La Cámara de los Lores, máxima instancia judicial del país, le negó la posibilidad del suicidio asistido el pasado noviembre, y Pretty recurrió ante Estrasburgo. De forma general, los siete jueces del Tribunal de Estrasburgo aseguran comprender la situación de la demandante, pero estiman, de forma unánime, que la Convención de 1950 fue redactada para proteger la vida y no para «obligar» a un Estado, en este caso Reino Unido, a tomar decisiones que conlleven «la terminación de una vida». Tras conocer la sentencia, Brian Pretty aseguró, en declaraciones a la prensa, que su intención es seguir luchando para conseguir una muerte digna para su mujer.
Por otra parte, «La señorita B», la parapléjica a la que un tribunal londinense autorizó el mes pasado a que se le desconectara el respirador que la mantenía con vida, ha fallecido «mientras dormía», informó el ministerio de Sanidad. En un comunicado, el ministerio afirma que «la señorita B» «había elegido que se le retirara la respiración artificial que recibía como parte de su tratamiento médico. Ha muerto pacíficamente mientras dormía, después de que se le retirara el respirador a petición suya».