Según datos recopilados en el informe de Amnistía Internacional (AI) 'España: Crisis de identidad-tortura y malos tratos por motivos racistas a manos de agentes del Estado', presentado ayer en Madrid y a nivel internacional en diversos países. Concretamente, la organización ha investigado detalladamente 32 de estos casos, la mayoría producidos en los dos últimos años, de los cuales 18 corresponden a víctimas de orígen marroquí. Por este motivo, el acto se ha desarrollado en la sede de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de España (ATIME).
El informe relata detalladamente seis muertes de detenidos en custodia, entre ellos, el conocido caso de Antonio Augusto Fonseca Mendes, natural de Guinea-Bissau, que murió bajo custodia policial en Lanzarote el 20 de mayo de 2000. Del mismo modo, describe otros seis casos de violación o asalto sexual por parte de agentes del Estado. La nacionalidad de las víctimas corresponde a 17 países distintos, entre ellos Marruecos, Colombia, Nigeria, Perú, Argelia, Brasil, Senegal, República Democrática del Congo, Ecuador, Gambia y Costa Rica, así como otros ciudadanos españoles de minorías étnicas, como gitanos, y ciudadanos de Francia y Estados Unidos.
La investigadora de Amnistía Internacional para España, Gillian Fleming, subrayó que existen dos razones concretas para focalizar el informe en España como aranque una campaña internacional para disminuir estas prácticas. Por un lado, que ocupa la presidencia de la UE y debe por tanto impulsar las normas europeas contra el racismo, y por el otro, que es una de las puertas de entrada de inmigrantes hacia Europa. Sin embargo, criticó que el Gobierno no reconozca la existencia de estos hechos.
Así, manifestó su sorpresa porque el Gobierno haya remitido a la ONU y al Comité Internacional contra la Tortura dos informes en los que asegura que los casos de racismo en España son aislados y que han desaparecido las denuncias por esta causa, citando incluso informes de Amnistía y del Defensor del Pueblo. «Estamos desconcertados por esta declaración porque precisamente hemos detectado un aumento de las denuncias por malos tratos a inmigrantes. Tampoco menciona las declaraciones racistas que se producen por parte de personajes públicos».
Miembros de una familia gitana con varios niños son torturados y humillados en una comisaría de Madrid, donde han sido detenidos ilegalmente. Este es uno de los casos que relata AI. El portavoz del PP en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, Ignacio Gil-Lázaro, aseguró ayer que el informe de AI carece de rigor. De otra parte, el Gobierno ha regularizado en los últimos 2 años a 428.924 inmigrantes extracomunitarios que se han acogido a alguno de los cuatro procesos de legalización, lo que representa el 63'35% de 676.985 solicitudes, según datos dados por el secretario de Estado de Extranjería, Enrique Fernández Miranda.