Una auténtica liberalización del comercio y la condonación de parte de la deuda externa, junto con la reforma de las instituciones financieras internacionales, son algunas de las exigencias de los países en desarrollo que fueron habladas pero que han quedado en el tintero, al ser incluidas en el documento final como meras declaraciones de intenciones. El «Consenso de Monterrey», como se conoce a ese documento, aprobado por aclamación, admite que existe «un déficit de recursos requeridos para lograr los objetivos de desarrollo aceptados internacionalmente».
También reconoce la necesidad de «un aumento sustancial de la ayuda y otros recursos» para lograr los objetivos de la Declaración del Milenio, entre ellos reducir la extrema pobreza a la mitad para el año 2015. Los representantes de los países industrializados, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y el jefe del Gobierno español y presidente de turno de la Unión Europea (UE), José María Aznar, anunciaron las nuevas contribuciones que harán en concepto de ayuda al desarrollo. Bush explicó que su Gobierno aumentará gradualmente las ayudas hasta llegar a un monto adicional de 5.000 millones de dólares, que se sumarán a los 10.000 millones actuales.
Por su parte, Aznar garantizó que la Unión Europea las elevará del 0'33 al 0'39 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de los Quince, lo que supondrá entre 7.000 y 8.000 millones adicionales al año. A cambio, Bush exigió que la ayuda no se mida por los recursos gastados, «sino por los logros adquiridos», mientras que Aznar pidió una responsabilidad compartida a los países en desarrollo para garantizar «eficacia en la gestión y destino de los fondos». Los países en desarrollo aplaudieron los anuncios, pero como dijo el presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, los consideran insuficientes.