La jefa del Servicio de Evaluación y Acreditación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Pilar Calvo, confirmó de que la clínica ICEMA no figura en el Registro de Centros Sanitarios Autorizados en el que están inscritos unas 5.000 entidades del sector de Madrid. Igualmente, fuentes del Ayuntamiento de la capital confirmaron que la mencionada clínica de estética, situada en el número 59 de la calle de Maldonado, también carecía de licencia municipal para ejercer dicha actividad y, por tanto, la Junta Municipal de Salamanca, a la que pertenece el centro, ignoraba las intervenciones que en ella se practicaban.
En la Junta de Salamanca, reiteraron las mismas fuentes, no consta que ICEMA solicitara la oportuna licencia para ejercer actividades de cirugía estética, ni tampoco existen denuncias de vecinos de la finca o de personas que hayan sido atendidas en el centro. Entre tanto, la portavoz de la clínica, Carmen Ranera, explicó que, pese a lo que afirma la Comunidad, cuentan con los permisos oportunos, «se han solicitado y así se acreditarán cuando corresponda», aunque evitó dar detalles sobre dónde y cuándo se pidieron.
Respecto a las circunstancias en las que se produjo la muerte de Débora Catalán, de 36 años, Ranera manifestó que el óbito se produjo antes de la intervención programada, que era «un tratamiento de mesoterapia (tratamiento de las enfermedades mediante múltiples inyecciones intradérmicas de pequeñas dosis de distintos medicamentos practicados en la región afectada) no agresivo» y negó que se tratara de una liposucción.
Por su parte, la familia de Débora Catalán ha asegurado desconocer las causas que provocaron su muerte porque no han tenido acceso a los resultados de la autopsia ni a la investigación que se sigue en torno al caso. Según indicó a Efe-Televisión una hermana de la fallecida, la familia no puede decir nada de las causas que provocaron la muerte de Débora, aunque sí admitió que la mujer recibía algún tratamiento estético «de los que se hacen simplemente por belleza, para estar bien».
El centro ICEMA, según el mensaje informativo grabado en el contestador automático de la clínica, ofrecía un tratamiento contra el sobrepeso «avalado por el Comité de Salud publica de la Sociedad Americana de Cirugía de la Obesidad», consistente en implantar un dispositivo en el estómago para disminuir «progresivamente» su capacidad. Por su parte, la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, anunció que habrá una regulación legal de la medicina privada porque «no se puede consentir que una mujer muera por una liposucción en un país moderno y del siglo XXI como España». Esta regulación, señaló la ministra, se hará «posiblemente» en la Ley de Coordinación que prepara el Ministerio de Sanidad y de la que avanzó que busca todo el consenso posible, pero sin «renunciar a las competencias de su ministerio».