La propuesta socialista se recoge en una de las enmiendas presentadas a la futura ley que regulará los derechos y obligaciones de los pacientes, médicos y centros sanitarios, en materia de información y documentación clínica, el derecho de los ciudadanos a decidir por anticipado sus voluntades por si, en el momento de la intervención médica, no se encuentran en situación de expresarlas. Según el PSOE, las Comunidades deberán comunicar al registro nacional los testamentos vitales «de cuya existencia tengan constancia», aunque la inscripción en este banco no sería «en absoluto requisito de validez del documento».
Los grupos han presentado 126 enmiendas sobre esta proposición de ley, que comenzó su tramitación en el Congreso el pasado mes de junio después de que se aprobara en el Senado en marzo. La mitad de esas enmiendas corresponde al PP, que considera que para legislar este asunto, es precisa la «adaptación de la ley General de Sanidad con el objetivo de aclarar y armonizar la situación jurídica y los derechos y obligaciones de los profesionales sanitarios, los ciudadanos y las instituciones sanitarias» en materia de información y documentación clínica.
Las aportaciones del PP están encaminadas a «la vertebración de unos principios esenciales» para «contribuir a la definitiva superación de los problemas de confrontación y a la diversidad de las aplicaciones existentes hasta el momento» sobre esta cuestión. En relación con el llamado consentimiento informado, por el cual toda intervención requiere la consulta previa al paciente, el grupo popular añade dos nuevos supuestos de excepción a la exigencia de este aceptación, prescindible cuando existe riesgo para la salud pública o cuando el enfermo no puede dar su autorización ante una situación grave para su integridad física.
Uno de los nuevos supuestos es cuando «el paciente no esté capacitado para tomar decisiones» y otro cuando éste «haya manifestado expresamente su deseo de no ser informado». En cualquier caso, el PP propone que si el paciente no es capaz de entender la información, deberá informarse a las personas vinculadas a él por razones familiares o «de hecho».
En el capítulo de los testamentos vitales, el PP sólo presenta una enmienda, pero en las disposiciones adicionales pide que se supriman aspectos concretos que no correspondan a la legislación básica del Estado y que son competencias de las Comunidades. Los socialistas, que plantean 30 enmiendas, abogan por que la formalización del testamento vital corresponda a las legislaciones autonómicas y que la Administración vele por el «buen uso de los archivos de datos de los pacientes». Según defiende el PSOE, «la prestación del consentimiento informado es un derecho del paciente y su obtención, un deber del médico».