El informe anual del Defensor del Pueblo destaca este año que veinte ayuntamientos, entre los que se encuentran los de Ciutadella (Menorca), Alicante, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria, han entorpecido su labor al no haber remitido la información solicitada pese a habérsela requerido en tres ocasiones. El informe menciona también las administraciones que, aunque han contestado, no han colaborado por distintas causas, entre las que se encuentran cinco consejerías de comunidades autónomas y 10 ayuntamientos, entre ellos, los de Bilbao y Zamora.
Según este informe, la negativa por parte de un funcionario o de sus superiores responsables, al envío del informe inicial solicitado por el Defensor del Pueblo puede ser considerada como «actitud hostil o entorpecedora» de sus funciones. El informe del Defensor matiza que en la mayoría de los ayuntamientos puede tener cierta explicación el retraso en contestar, por falta de presupuesto y personal, pero carece totalmente de justificación cuando se trata de grandes municipios dotados de personal cualificado.
Hasta el momento no se ha utilizado la potestad que confiere el artículo 502.2 del Código Penal que tipifica como reo del delito de desobediencia a la autoridad o funcionario que obstaculice la labor del Defensor del Pueblo, pero no se descarta, según el informe, utilizar dicha vía ante posibles comportamientos «reiteradamente hostiles» a la labor de esta institución. Además de los 20 ayuntamientos que a 31 de diciembre de 2000 no habían remitido la información tras serles enviado un tercer requerimiento, se encuentran otros organismos como la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad de Madrid, la subdelegación del Gobierno de Lérida y la Comunidad de Regantes de Alcubillas Altas (Almería).
El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) aparece en la relación de organismos que no han contestado a los requerimientos sobre amortización de vivienda y suministro de agua y también en la lista de entidades que no colaboran, al no haber informado correctamente sobre la oferta de compraventa del grupo de viviendas de San Fermín. El Ayuntamiento de Alicante no ha contestado a los requerimientos efectuados sobre conservación de edificios; el de Sevilla, a la solicitud sobre accesos a viviendas; el de Cartagena, respecto a un desalojo en Monte Casillas; y el de Las Palmas de Gran Canaria, en referencia a una caída debido a un desnivel. Además de los ayuntamientos mencionados, el informe acusa también de no contestar a seis ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y a tres de Castilla y León.