El Gobierno aprobó ayer la reforma de ley de universidades con la oposición de rectores y las asociaciones de estudiantes que anunciaron movilizaciones en contra del proyecto y pidieron la retirada del mismo. La reforma universitaria también cuenta con la oposición de PSOE e Izquierda Unida. El proyecto de ley de universidades, aprobado ayer en Consejo de Ministros y cuyo objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza superior, desarrollará, por primera vez y de forma sistemática, un método de evaluación de las universidades para informar a padres y estudiantes de la calidad de los centros.
La ministra de Educación, Pilar del Castillo, compareció ayer en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros para explicar las líneas generales del texto, que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria en septiembre. Según la ministra, esta «es una ley para mejorar la calidad, no una ley de financiación», y explicó que a su juicio, «por parte de las Comunidades Autónomas, a partir de las transferencias que se hacen desde el Estado en materia educativa, hay una suficiencia presupuestaria como para abordar las necesidades de las universidades».
La futura Ley Orgánica de Universidades sustituirá a la Ley de Reforma Universitaria ( LRU), y regulará una enseñanza superior que se enfrenta en la próxima década a un descenso demográfico de medio millón de estudiantes y a la integración del espacio único europeo de enseñanza superior. Del Castillo afirmó sobre la ley que es «extraordinariamente importante» porque va a «desarrollar por primera vez de forma sistemática una evaluación de nuestro sistema universitario que permita a los estudiantes y a los padres conocer cuál es la calidad de los centros y cuál es el rendimiento de un servicio público que se financia con el dinero de los ciudadanos», explicó.
Por su parte, el PSOE anunció ayer que presentará en el Congreso una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley de universidades, por considerar que es una «vuelta al pasado» y sumirá a las universidades españolas en la «burocracia, el caos, el desgobierno y el pesimismo». En este mismo sentido, las asociaciones de estudiantes reaccionaron ayer de muy diversas maneras desde la petición de su retirada y el anuncio de movilizaciones para el próximo otoño hasta las opiniones a favor. Igualmente, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) afirmaron ayer que Del Castillo «ha perdido una oportunidad inestimable» al aprobar la Ley sin consenso.