La ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos, aseguró ayer que no se plantea financiar la denominada 'píldora del día después' porque no lo considera «prioritario dado el gasto farmacéutico que tiene el Sistema Nacional de Salud». La responsable de la cartera de Sanidad, que hizo estas declaraciones durante la inauguración del XII Congreso Nacional de Hospitales, se refirió así a la decisión de la Junta de Andalucía de dispensar este comprimido en los hospitales.
Villalobos aseguró que después de la autorización de este fármaco por parte del Ministerio de Sanidad y de la Agencia Española del Medicamento, «las comunidades autónomas harán lo que consideran oportuno, en función de sus responsabilidades y competencias». No obstante recalcó que «estas decisiones no las financia el sistema nacional de salud». Sin embargo, cuestionó que la Junta de Andalucía llegue a aplicar esta decisión. «Dudo que lo haga realmente porque hay determinadas prestaciones que anuncia públicamente que lo va a hacer y después...», señaló. En este sentido, aseguró que «yo soy andaluza y lo conozco, y en la práctica las cosas no funcionan tan bien».
Por su parte, el conseller de Sanidad, Eduard Rius, aseguró que en Catalunya «en ningún momento nos planteamos financiar la píldora» puesto que «hay otras prioridades». En este sentido, recordó que «hay otros métodos anticonceptivos más alcance de la población, como el preservativo». Según Rius, «éste se debería de utilizar antes que la píldora» y aseguró que en todo caso «debemos potenciar que a los preservativos se les apliquen precios ajustados para la gente joven».
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, Matilde Valentín, afirmó por contra, que la 'píldora del día después' debe ser financiada por la Seguridad Social, teniendo en cuante que para acceder a la misma es obligatoria la prescripción médica. La Unión de Consumidores de España (UCE) también reclama a las administraciones sanitarias la inclusión de la píldora post-coital entre los productos de prestación sanitaria pública para que todas las mujeres puedan acceder a este medicamento «en condiciones de igualdad».