Tres de las asociaciones más destacadas en el trabajo y la defensa de las mujeres maltratadas «alertaron» sobre las consecuencias «muy negativas» que puede acarrear el que se apliquen algunas de las propuestas que se hacen desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el borrador de su informe sobre malos tratos.
Las presidentas de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la mallorquina María Durán, la Asociación de Apoyo a Mujeres Violadas, Tina Alarcón, y la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, presentaron ayer un contrainforme, que entregaron al CGPJ para intentar que se incluyan sus sugerencias en el borrador antes de que se apruebe el informe. Las citadas portavoces dejaron claro que algunas de las propuestas y el discurso de este borrador están muy bien, pero se contradice luego con algunas de las propuestas.
La primera indicación que rechazan es la referida a la supresión del delito de falta por malos tratos. Esta eliminación, explicaron, equivale a la supresión de la sanción penal para la violencia que se ejerce en el ámbito doméstico. Además hay que tener en cuenta, agregaron, que más del 50 por ciento de los juicios de falta por malos tratos que actualmente se celebran en España, debían haber sido juzgados como delitos y no como faltas. La eliminación de las faltas por malos tratos del derecho penal será una realidad, explicaron, si se lleva a cabo la sugerencia contenida en el borrador del CGPJ de remitir a los tribunales civiles las faltas por violencia doméstica y eliminarlos así del Derecho Penal.
Este punto es el que más «alarma» provoca ya que entienden que ello supondrá que la violencia familiar quedará fuera del Derecho, una vez que ahora más del 90% de los juicios por esta violencia se tramitan como juicios de falta por entender los jueces que se ha tratado de una violencia leve. También manifestaron su contrariedad en relación al punto en el que se afirma que la protección de la víctima puede conseguirse con medidas distintas a la privación de la libertad deambulatoria del agresor. Calificaron de «incomprensible» que en el borrador no se trate el tema de las víctimas más indefensas de la violencia doméstica, los niños, y que tampoco se recoja a necesidad del secreto de los datos de la víctima.