La causa judicial abierta por el vertido tóxico de la Mina de Aznalcóllar (Sevilla) ha sido archivada por la juez que instruye el caso al no haber indicios de responsabilidad penal, según informaron fuentes judiciales y de la empresa Boliden, propietaria de la mina.
En la causa estaban imputadas 25 personas: siete empleados de Boliden, catorce de Geocisa, empresa responsable de la seguridad de la mina, dos funcionarios de la Junta de Andalucía y uno del Instituto Tecnológico Geominero Español, además del ingeniero responsable de geotecnia del proyecto de construcción de la balsa. La balsa minera de Aznalcóllar se quebró el 25 de abril de 1998 y provocó el vertido de cinco hectómetros de aguas ácidas y lodos tóxicos al río Guadiamar, poniendo en peligro al Parque Nacional de Doñana y contaminando el cauce y explotaciones agrícolas.
Boliden anunció en octubre pasado la presentación de un expediente de suspensión de pagos argumentando «enormes pérdidas». Estos problemas económicos llevaron a la empresa a decidir abandonar la actividad en octubre de 2001. El vertido provocó que la fauna acuática resultara arrasada, al tiempo que los residuos anegaron e inutilizaron más de seis mil hectáreas de terrenos, muchos de ellos agrícolas, así como cuarenta kilómetros de cauce y una zona de marismas limítrofe con Doñana. Las partes afectadas anunciaron que presentarán ante la Audiencia de Sevilla un recurso.