El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la reforma de la Ley de Extranjería aprobada el pasado 14 de diciembre en el Senado. El texto legislativo aprobado con el apoyo de PP, CiU y Coalición Canaria y que entrará en vigor dentro de un mes, estipula la expulsión de casi 28.000 inmigrantes que se encuentran en nuestro país en situación irregular. Otras 137.454 personas han logrado obtener permisos de trabajo y de residencia. El Gobierno no considera que esta reforma haga desaparecer el ´efecto llamada´ que vive el país en los últimos meses.
La reforma de la Ley sustituye a la aprobada el 22 de diciembre de 1999 y pretende regir la entrada y permanencia en territorio español de todas aquellas personas que se hayan introducido de forma ilegal en el mismo. De esta forma se incrementa la capacidad de actuación del Estado en el control de la inmigración ilegal para adecuarlo al nivel de otros estados miembros de la Unión Europea. El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja afirmó ayer que la nueva Ley tiene la virtud de colocar en España una legislación media respecto de la europea y que la mejor forma para afrontar el fenómeno de la inmigración es lograr un punto medio entre la ingenuidad y la intolerancia.
Oreja apostó también por atajar el problema en los países de origen, lograr convenios para que los inmigrantes lleguen con su situación legalizada y luchar contra la inmigración irregular. En el nuevo texto se establece un régimen de situaciones y permisos que tienen como objetivo incentivar la entrada y residencia de los extranjeros en España dentro de un marco de regularidad. También se introduce la posibilidad de concesión de un permiso de residencia temporal cuando concurran razones humanitarias o circunstancias excepcionales.