La polémica se originó el miércoles tras la emisión de imágenes del «catálogo de los horrores» descubierto por la policía italiana que se comercializaba desde Rusia, con escabrosas imágenes de abusos a niños que terminaban en ocasiones con su muerte. En los informativos de la tarde de los canales uno y tres de la televisión pública RAI, se pudieron ver escenas con niños desnudos en manos de pederastas, a una hora en la que la audiencia es de millones de personas.
Alertado por las llamadas de protesta que empezaron a llegar a la redacción, el jefe de informativos de la RAI-1, Gad Lerner, apareció por sorpresa al final del informativo de las 20'00 horas para disculparse. «Hemos transmitido imágenes innobles y violentas y sentimos el deber de pedir excusas», dijo Lerner, quien, al igual que el responsable de informativos de RAI-3, Nino Rizzo Nervo, y los tres principales responsables directos de las emisiones, presentaron ayer su dimisión.
Mientras tanto, la fiscalía de Roma ha abierto una investigación para determinar si se ha cometido un delito, ya que el Código Penal italiano prevé sanciones para quien difunda imágenes pornográficas de menores. También se ocupará de averiguar a través de quién llegaron a las redacciones los vídeos con las imágenes. Para avivar aún más el debate, el fiscal de Torre Annunziata (sur), Alfredo Ormanni, donde se originó la investigación sobre la red rusa, afirmó que las imágenes emitidas no se corresponden con el material confiscado por la policía. Mientras los medios de comunicación alertan sobre la necesidad de no caer en el sensacionalismo y de actuar con responsabilidad respecto a este tipo de informaciones sensibles, el caso ha trascendido también a la escena política.
El presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, hizo un llamamiento para que los medios de comunicación protejan a los menores de la difusión de imágenes que puedan ser dañinas, ya que la libertad de comunicación «debe encontrar un límite en el derecho a un desarrollo de la personalidad del individuo». La oposición reclamó que el asunto se tratara en el Parlamento con la presencia de algún representante del Gobierno.