El Consulado General de España en Miami no prestó la debida atención a Joaquín Martínez, el español acusado de un doble asesinato en Tampa en 1996, cuando fue juzgado y condenado a muerte. Así informaba ayer El País, que citaba testimonios de los familiares y documentos escritos del propio acusado en los que pedía protección consular que tardaron meses en ser remitidos al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid.
Según la Oficina de Información Diplomática (OID), la protección consular que los representantes diplomático deben prestar a los ciudadanos españoles detenidos en el extranjero incluye la información al interesado sobre su situación y la colaboración en la medida en que el detenido lo desee. Sin embargo, Joaquín no recibió ayuda y ni siquiera fue visitado en la prisión donde se encontraba recluido por el entonces cónsul general en Miami, Carlos Abella, actual embajador ante la Santa Sede. Abella declaró a El País no haber tenido noticia del caso y aseguró que, de haberlo conocido, habría actuado igual que en otros casos, en los que se hicieron visitas a los detenidos y se prestó la asistencia legal necesaria. «Nunca supe ni de esa carta ni de ese señor», aseguró Carlos Abella.
Pero los familiares del condenado aseguran que conocían el caso. «Si hubiéramos tenido asistencia legal consular al principio, cuando fue acusado, seguro que mi hijo no estaría donde está. Pero Abella no movió ni un dedo», aseguró a este diario Joaquín Martínez padre. «Abella nunca nos atendió en su despacho, sólo de pasada, un minuto y en la puerta, nos daba la mano y decía que estaba muy ocupado, pero no nos decía 'vuelvan ustedes en tal o cual fecha, que les atiendo'. En una ocasión que le rogamos que hablara con nosotros nos dijo que se tenía que ir a la jura de bandera de los españoles que había en Miami y a la fiesta que había después».