El Gobierno vasco anunció ayer que estudia iniciar acciones judiciales ante las «gravísimas acusaciones» contra la enseñanza de la Historia en el País Vasco que recoge el informe de la Real Academia de la Historia, al tiempo que consideró el documento «un ataque al nacionalismo en su conjunto». Explicó que hay afirmaciones «ofensivas, acientíficas e intolerables», lo que constituye «un nuevo ataque gratuito» contra las ikastolas «por el hecho de ser centros nacidos en el País Vasco». A su juicio, el escrito es «fundamentalmente político» y constituye «un episodio más en el que la visión centralista y unívoca» del Estado «es incapaz de aceptar la existencia de realidades socio culturales que tienen sus peculiaridades idiomáticas e históricas».
Desde Catalunya, ERC e IC-V denunciaron que el informe pretende servir como «pretexto» para que el Gobierno del PP apruebe un decreto de humanidades con una visión «uniformista» de la historia. Para CiU «lo importante es que seamos capaces de explicar una Historia que hemos tenido en común de mutuo acuerdo, pero sin imponer criterios», según dijo Joaquim Molins. En cualquier caso, rechazó que el informe haga referencia a las «comunidades con lengua propia» preguntándose si «Madrid no tiene como lengua propia el castellano».
La responsable de Educación en la Comisión Política del PSOE, Amparo Valcarce, declaró que el dictamen de la Academia debe ser «sensiblemente considerado», dado el prestigio que tiene la institución, e instó a las «administraciones competentes» a corregir «los problemas planteados». No obstante, la responsable socialista afirmó que su grupo esta en contra tanto del «esencialismo unitario y dogmático» en la visión de la Historia de España, como del «localismo reduccionista» que puedan plantear en algunos libros de texto.