Más de 135.000 inmigrantes han solicitado acogerse al proceso de regularización extraordinaria, que culminará el próximo 31 de agosto. El número de solicitudes presentadas por extranjeros para acogerse al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ascendía a 135.032 hasta el pasado 5 de junio, cuando se cumple poco más de la mitad del plazo abierto para el mismo, que culminará el próximo 31 de julio, según consta en la respuesta a una pregunta parlamentaria de IU sobre la tardanza en la resolución de solicitudes de adquisición de nacionalidad española por parte de personas extranjeras.
Asimismo, indica que durante 1999 se produjo un 33 por ciento más de solicitudes de adquisición de nacionalidad española por parte de extranjeros que en 1995, es decir, un total de 16.846 frente a los 12.676 presentados cuatro años antes. «La principal causa que motiva los actuales plazos de resolución de estos expedientes estriba en el espectacular aumento que se ha producido en los últimos años», argumenta. Además, señala que el porcentaje de expedientes resueltos el pasado año representa un 149 por 100 más que los resueltos en 1995, 17.577 frente a 7.050.
Por otra parte, el PSOE acusó al Gobierno de haber creado en estos últimos meses un estado de opinión «culpabilizando» a la actual Ley de Extranjería de «todos los males» y recordó que la actual ley fue elaborada por consenso de todos los grupos políticos, incluido el PP. En un texto remitido por la Comisión Política del PSOE a todas las Ejecutivas Regionales y Provinciales socialistas, se destaca, igualmente, que aunque el Ejecutivo proclame «ampulosamente» grandes pactos, en la práctica usa la mayoría absoluta para imponer su voluntad. En este sentido, el PSOE tacha de «decisión hostil hacia el consenso» que el Ejecutivo presentase el texto de reforma sin consulta previa con las fuerzas políticas. Los socialistas rechazan tanto el método como el contenido de la reforma que pretende el Gobierno, en primer lugar, porque consideran que «introduce graves cambios referidos a los derechos y libertades de los extranjeros en España» y porque «podría ser anticonstitucional».