Aunque el secretario de Estado la Extranjería y la Inmigración, Enrique Ferández Miranda, asegura que el tratamiento de los 36 inmigrantes en un furgón en Mijas fue legalmente «impecable», los partidos de la oposición, jueces y ONGs no lo tienen tan claro. Las autoridades devolvieron a los inmigrantes a su país sin asistencia letrada. La clave está en la distinción entre el proceso de expulsión y el de devolución. Los inmigrantes pueden ser devueltos sin ningún trámite legal previo si son detenidos en la frontera, intentando entrar en el país. Por el contrario, el proceso de expulsión contempla la asistencia letrada a los afectados.
Fernández Miranda argumenta que se aplicó el artículo 54.2 de la Ley, en el que se dice que «no será preciso un expediente de expulsión para la devolución de extranjeros que son detenidos cuando quieren entrar ilegalmente en España». Sin embargo, las voces críticas aseguran que los inmigrantes llevaban varios días en España y no estaban en la frontera, por lo que su expulsión violó sus derechos a la tutela judicial.
La portavoz de Jueces para la Democracia, Montserrat Comas d´Argemir, criticó además que se haya primado la expulsión automática en detrimento de la investigación penal de las mafias que trafican con personas». Comas argumentó que se han violado varios preceptos de la Ley de Extranjería porque la figura del retorno está prevista para las personas que se detienen en la frontera, y éste no fue el caso. Además, criticó que con la expulsión se imposibilitó que se pueda obtener una declaración ante el juez instructor, el Ministerio Fiscal y la defensa del imputado porque es la única prueba válida en el juicio oral y no una mera declaración ante la policía. Asimismo, argumentó que Interior «no podía obviar el derecho a la asistencia jurídica gratuita».