Las portavoces del PSOE e IU en la Comisión mixta de Derechos de la Mujer, Micaela Navarro y Marisa Castro, respectivamente, mostraron en sendos comunicados su repulsa a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de rebajar de 22 a 15 años la pena de prisión a un hombre que pateó, estranguló y descuartizó a su compañera por entender que no hubo ensañamiento ni alevosía ni agravante de parentesco, pese a vivir bajo el mismo techo.
Para Micaela Navarro, estas matizaciones de los magistrados «son, como mínimo, provocadoras del Estado de Derecho y además agravan la impunidad que la sociedad en general proporciona a estos agresores». A su juicio, con sentencias de este tipo «los jueces están contribuyendo a que las mujeres víctimas de la violencia doméstica pierdan toda su confianza en la Justicia», por lo que pide al Gobierno que intervenga en todos estos casos, «no haga más dejación de funciones» y asuma este problema como una prioridad.
La diputada socialista, que critica que la nueva secretaria de Asuntos Sociales, Concepción Dancausa, no haya anunciado desde su nombramiento ninguna medida, insta al Ejecutivo a pasar de «planes vacíos de contenido y presupuestos» a acciones concretas y decididas para erradicar este problema y propone que se apruebe una ley integral contra la violencia de género con un presupuesto específico. El PSOE pide al Gobierno que cumpla las recomendaciones de la Declaración de Calviá, suscrita por más de trescientos juristas reunidos en España el pasado mes de abril para avanzar en la solución de este problema.
Por su parte, Marisa Castro critica también la sentencia al considerar que «casos como este ponen de manifiesto la indefensión de las mujeres» ante la violencia doméstica pues, dice, se trivializan acciones de una gran gravedad.
Castro cree que se ha puesto en evidencia que el Plan contra la violencia doméstica no aborda con rigor y firmeza las sanciones penales exigibles en este tipo de delitos, por lo que exige que se constituya una Fiscalía especial que se ocupe de estas denuncias de modo que las mujeres cuenten con instancias judiciales especializadas. Rechaza también unas declaraciones del ministro de Justicia, Angel Acebes, quien lamentó que muchos delitos queden impunes porque no se denuncian, ya que, a juicio de la diputada de IU, «escudarse en este tipo de situaciones puntuales deja en muy mal lugar la voluntad de resolver este grave problema» por parte del responsable de ese departamento.