El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, opinó ayer que en el caso de la niña cuya custodia se disputan ante los tribunales una familia de Sevilla y otra de Granada se debería optar «por decidir lo más conveniente para el menor», por encima de los derechos que pretendan esgrimir las otras partes.
La Audiencia de Sevilla ordenó el jueves que se ejecuten «sin dilación alguna» sus instrucciones para devolver a la niña de 13 años a sus primeros padres adoptivos, a quien la Junta de Andalucía les retiró la custodia hace siete años por malos tratos y pese a que la pequeña ha manifestado su rechazo a regresar con ellos. Tras su paso por tres familias de acogida y por numerosos centros de menores, y haber cambiado de nombre otras tantas veces, la pequeña reside desde hace tres años con una familia de Benamaurel.
Según Cardenal, «son situaciones muy dolorosas, que yo he vivido profesionalmente muy de cerca. Hay que tratarlas con mucho cuidado. Cada caso es cada caso, pero siempre el principio que inspira las normas es la protección del menor, la salvaguarda de sus derechos, incluso frente al derecho de los padres».
La fiscal de Menores de Sevilla ha pedido que la pequeña continúe con la familia que la acoge actualmente en Benamaurel (Granada), mientras la Junta de Andalucía afirmó ayer que acata la sentencia pero que sólo la ejecutará «si es buenamente posible».