Una nueva investigación judicial intentará descubrir las responsabilidades nacionales e internacionales en el muro de silencio levantado durante 20 años en torno al accidente de un DC9 que, derribado por un error de la OTAN, cayó al mar cerca de la isla de Ustica (sur de Italia) y causó 81 muertos.
La existencia de «un nivel superior nacional e internacional» que «avaló» a los nueve militares italianos procesados resulta evidente, dada la «relevancia y gravedad de sus decisiones», según el juez instructor de la causa.
Esta afirmación, recogida en las más de 4.000 páginas de instrucción que intentan explicar la tragedia, ha sido el origen de la apertura de otra investigación por parte de la fiscalía de Roma, con 20 oficiales inscritos en el registro de los indagados, reveló ayer el periódico «Corriere della sera».
«Ahora esperamos que los países de la OTAN implicados aclaren lo que pasó», dijo Walter Veltroni, el líder de la principal formación del país y del Gobierno, los Democráticos de Izquierda (DS, ex comunistas) del primer ministro Massimo D'Alema.