La industria farmacéutica no está contenta con la aplicación de los precios de referencia a los medicamentos, por considerar que deja a la industria «en una situación insostenible». Y, como protesta, han decidido suspender su contribución a la contención del gasto farmacéutico, para lo que deberían aportar un total de 65.000 millones de pesetas entre 1998 y 1999. Ante el anuncio, Sanidad les ha pedido que reconsideren la decisión por considerarla una medida «injustificada».
En 1998 Farmaindustria suscribió un acuerdo con Sanidad por el que se comprometía a contribuir a la contención del gasto farmacéutico con la aportación de 39.000 millones en 1998 y 26.000 en 1999, de los que 13.000 deberían desembolsarse a finales de este mes. Sin embargo, ante la situación «ruptura de mercado» que afirma vivir la industria tras la aplicación de los precios de referencia de los medicamentos, han decidido dejar de pagar lo pactado.
Los precios de referencia se aprobaron recientemente por el Gobierno en su intento de reducir el gasto de la Sanidad en medicamentos. Con esta medida, el Ejecutivo establece el precio máximo que la Seguridad Social pagará por cada medicamento, que es el que cuesta el medicamento genérico. Los genéricos incluyen el principio activo del fármaco, pero carecen de la marca del laboratorio, por lo que resultan más baratos. Según la patronal farmacéutica, la aplicación de esta medida supone un nuevo recorte en los ingresos de los laboratorios, que en el contexto actual les conduce a una situación de «ruptura de mercado».
Mientras, el Ministerio de Sanidad no da como roto el pacto con este sector y pidió a Farmaindustria que reconsidere su decisión por considerarla «injustificada». En este sentido, añadieron que los precios de referencia ya se consideró en los Presupuestos del año 96. Además se complementó en los Presupuestos del 97 y en la tramitación del decreto aprobado a finales de junio por el Gobierno, se sometió a consulta de las partes afectadas.
Por su parte, Farmaindustria manifestó que la decisión ejecutada hasta ahora de denunciar el pacto de aportaciones financieras fue decidida por los órganos de Gobierno de la patronal y sometida al aval de la asamblea de la misma el pasado 16 de junio. Fue entonces cuando se determinó que el pacto se denunciaría si el contenido final del decreto de precios de referencia seguía las versiones que se habían difundido con antelación.