El Consejo de Ministros aprobó, en su reunión de ayer, el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Aguas de 1985, que persigue conseguir un uso más eficiente del agua mediante la flexibilización del actual sistema concesional y el establecimiento del llamado «consumo de referencia» para los usuarios, que permitirá imponer penalizaciones a los que se excedan en el consumo del recurso.
Esta iniciativa legislativa significará, a juicio de la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, la instauración de una «nueva política del agua» basada en el uso eficiente del recurso. A través de esta regulación se pretende conseguir, según señaló Tocino, aplicar en España en principio de economía del agua y poner en marcha «mecanismos legales» que permitan evitar futuras sequías.
Con el fin de lograr un mayor ahorro del agua, el proyecto incorpora los «consumos de referencia», herramienta a través de la cual se podrá incentivar económicamente un mejor uso del recurso asignado.
En este sentido, si un regante, por ejemplo, consume por debajo de ese límite, verá reducido el canon que tiene que pagar; y al contrario, si se excede, tendrá que afrontar una penalización económica. También con la finalidad de evitar el derroche del recurso se producirá una «flexibilización» de los derechos concesionales del agua de forma que el usuario que no consuma la totalidad del agua de su concesión pueda cederla a otros usuarios. En este punto, la ministra reiteró que no se trata de un mercado libre del agua, sino en todo caso de un «mercado absolutamente tutelado» por la Administración, que introduce además un total de 15 exigencias para que estas cesiones de derechos se hagan con todas las garantías.