El decreto catalán sobre el cine ha abierto un encendido debate político en Catalunya. El presidente del Grupo Popular (PP) en el Parlament catalán, Josep Curto, amenazó ayer a la Generalitat con una «batalla frontal de gran calibre» si intenta modificar la Ley de Política Lingüística para incorporar las sanciones del decreto de cine doblado al catalán que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha resuelto suspender cautelarmente.
Por su parte el presidente de IC-V, Rafael Ribó, acusó a la Generalitat de haber cometido «un error de procedimiento, calendario y de negociación» con el decreto sobre el cine, y consideró que ahora «no hay ningún tipo de urgencia» para decidir si la Ley de Política Lingüística, que contó con los votos a favor de IC, debe ser modificada.