La entrada en vigor del Decreto de Financiación Selectiva de Medicamentos («medicamentazo») ha permitido unos ahorros de 10.000 millones de pesetas en el último cuatrimestre del año, que se destinarán a otras necesidades del Sistema Nacional de Salud (SNS), como la apertura de mayor número de quirófanos de tarde, la construcción de nuevos centros de salud, la extensión del servicio 061, etc.
Estas son las conclusiones a las que ha llegado el ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, sobre la aplicación del polémico «medicamentazo», ya que a su juicio la nueva lista negativa de medicamentos «no ha mermado en absoluto la calidad farmacéutica», sino que está permitiendo «racionalizar la prescripción». Romay destaca que ninguna administración sanitaria ha recibido «ni una sola» queja de pacientes o profesionales en relación con esta medida.
Acercar la política farmacéutica española a la de los países europeos es uno de los objetivos del Ministerio que dirige Romay y es, además, la justificación para excluir algunos fármacos de la financiación pública. A este mismo objetivo corresponde el desarrollo de los genéricos (200 aprobados a finales de 1998, de los que 100 se comercializan ya en farmacias), la próxima instauración de los precios de referencia (prevista para el primer trimestre de 1999), el control informático de las recetas, la reducción de los márgenes de las oficinas, o la legislación sobre la apertura de nuevas farmacias.