El Parlament de Catalunya aprobó ayer por unanimidad la primera Ley del Estado español que regula las relaciones de convivencia de dos o más personas que no son pareja ni forman una familia, pero que deciden vivir juntas con «voluntad de permanencia y ayuda mútua».
Se trata de establecer un mínimo de protección a una realidad que ya se da en la sociedad y que en Catalunya afecta a unas 171.000 personas que viven en 54.000 hogares sin que compongan un núcleo familiar, aunque la mayoría tienen algún vínculo de parentesco. Son principalmente personas de la tercera edad que han decidido voluntariamente vivir juntas para no tener que depender de sus respectivas familias ni tener que ir a morir a un geriátrico, según explicó la consellera de Justicia, Núria de Gispert.
La consellera dijo que esta ley intenta dar respuesta a «una realidad silenciosa, que no protesta ni reclama nada», a la vez que resaltó que no se trata de una legislación «intervencionista», sino que trata de «apoyar» a las personas que viven en esta situación y «fomentarla para que los ancianos no tengan que verse obligados a pasar sus últimos años de vida en un geriátrico».