La Ley de proyectos urbanísticos estratégicos de Baleares, aprobada este lunes en el Parlament por PP y Vox, abre la puerta a la expropiación de la finca que alberga el Castell d’Alaró. La nueva norma que facilitará la construcción en suelo rústico aún cuando no se haya agotado el urbano, incluye una enmienda impulsada por el grupo parlamentario popular a instancias del grupo municipal del PP de Alaró para declarar zona arqueológica y de utilidad pública todo el entorno de este emblemático monumento de Mallorca.
De este modo, la nueva ley avala la iniciativa del Consell, que en abril ya aprobó una modificación del Pla Territorial de Mallorca para declarar la zona como un espacio de interpretación histórica, arqueológica y paisajística.
Esta declaración supone un paso decisivo para la expropiación de la finca, propiedad de la familia Ordinas y «pone fin a décadas de anuncios vacíos y promesas incumplidas», señala el PP de Alaró. «Durante muchos años se dijo que había que comprar el Castell, pero nunca se le dio una solución. Ahora, gracias al trabajo coordinado entre el Ajuntament d’Alaró, el Parlament de las Illes Balears y el Consell de Mallorca, empezamos a hacer realidad un hito histórico para nuestro municipio», ha explicado el alcalde, Llorenç Perelló.
El PP de Alaró considera que esta medida demuestra la capacidad de gestión del PP en las instituciones. «En solo dos años, se ha conseguido aprobar una declaración de utilidad pública que abre la puerta a una expropiación que puede ser ejecutada de manera simultánea por el Consell de Mallorca», recuerda.
Perelló ha insistido en que «ahora es el momento de seguir trabajando codo con codo entre el Govern, el Consell de Mallorca y el ayuntamiento para lograr que el Castell d’Alaró sea una finca pública y pueda estar al alcance de todos los alaroners y mallorquines».
El alcalde ha recordado que el espacio cuenta con un altísimo valor medioambiental, patrimonial, paisajístico y de biodiversidad, y ha respondido a las críticas lanzadas por la izquierda sobre esta ley de proyectos urbanísticos que permite construir y legalizar construcciones en rústico, incluida la Serra de Tramuntana, donde se enmarca el Castell: «A diferencia de lo que dicen, no destruimos territorio, sino que lo protegemos. Esta iniciativa garantizará una conservación efectiva y una gestión pública de un entorno único».
«El Partido Popular de Alaró se compromete a seguir liderando este proyecto con responsabilidad y rigor, para hacer realidad un sueño compartido por generaciones: que el Castell sea, de una vez por todas, patrimonio de todos», señala el partido.
Cabe recordar que el entorno de este monumento tiene más de un propietario. Las ruinas de la antigua fortaleza, las murallas, aljibes y portales, son propiedad del Estado, que no ha realizado ninguna intervención para garantizar su conservación y frenar su continuo declive; la finca, es propiedad de la familia Ordinas, que no ha llegado a un acuerdo para su venta a las administraciones; y la hospedería y ermita de la cima son propiedad del Ajuntament d’Alaró y de la iglesia.
Tanta sort que el PP no ha llevat l'ecotaxa!!!