La reparcelación de la urbanización Sa Pedruscada, en los juzgados

La reparcelación de Sa Pedruscada, paso previo a la polémica construcción de 78 nuevas viviendas en esta urbanización, ha llegado a los juzgados. El GOB y la asociación de vecinos 'Salvem sa Pedruscada' ha interpuesto un recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Palma, para impugnar el acuerdo de 24 de marzo de este año, adoptado en junta de gobierno del Ajuntament de Capdepera, que desestimaba las alegaciones presentadas contra la aprobación definitiva.

La promotora del complejo residencial llegó a un acuerdo con el Ajuntament y rebajó sus pretensiones iniciales limitando la altura de las viviendas a dos plantas. Y es que uno de los bloques permitía edificar hasta cuatro plantas. Esta urbanización ha sido polémica desde el principio y los vecinos se han movilizado en diferentes ocasiones para oponerse a su construcción. El consistorio dictó una moratoria de un año, para frenar la promoción y al expirar, en diciembre pasado, llegó a un acuerdo con la propiedad Residencial Vista Alegre SAU. Así en febrero se aprobó la reparcelación de esta unidad urbanística, para hacer la dotación de servicios y la cesión de un 5% al Ajuntament.

El recurso interpuesto ahora da continuidad a las alegaciones formuladas en diciembre de 2024, en el que se advertía de las "graves irregularidades urbanísticas y jurídicas en el proyecto". Los demandantes destacan la "ausencia de un instrumento de planeamiento urbanístico que legitime la construcción de 78 viviendas de nueva planta".

Otra de las quejas es "la aprobación irregular de la delimitación de la unidad urbanística por un órgano incompetente como es la junta de gobierno y posterior convalidación con efectos retroactivos por parte del pleno". Los ecologistas y los vecinos dicen que "esta operación es un fraude de ley urbanística que esconde bajo una falsa apariencia de legalidad una operación especulativa que vulnera el principio de legalidad y interés público".

Con este recurso las entidades demandantes piden la "nulidad de la resolución" a la vez que reiteran la necesidad de una gestión urbanística responsable legal y respetuosa con el territorio".