Preocupación entre las empresas de barcos chárter ubicadas en el Port d’Andratx y otros enclaves de Mallorca. Un total de 15 empresarios han mostrado su rechazo a la modificación de los criterios que ha realizado PortsIB para adjudicar los amarres en el puerto de Andratx y otros lugares de la Isla. Aseguran que la decisión de realizar un concurso público les implicará «desprotección y vulnerabilidad» para continuar la actividad económica que realizan actualmente y pone en riesgo el futuro de estas 15 empresas.
Ante tal situación, el pasado 4 noviembre remitieron una carta al director de Ports en la que explicaban su rechazo a la nueva concesión y este martes acudirán a la sede de Ports IB para mostrar este rechazo. También se unen a la protesta empresarios del Port de Sóller, Pollença y Manacor.
David Llobera, uno de los empresarios afectados en Andratx, lamenta la falta de información sobre las concesiones: «Nos enteramos por el BOIB de la decisión de hacer un concurso público sobre unos amarres que venimos explotando algunos desde hace hasta 15 años y otros hace tan solo 1 año. En total son 25 amarres, la mayoría de empresas pequeñas que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo económico para poder mantener la actividad», añade. Hasta ahora, las concesiones de los amarres se hacían por un año (una temporada) y los interesados la solicitaban cada primero de enero.
«Ahora serán para cuatro años y es muy probable que quedemos fuera si lo solicitan grandes empresas», añade Llobera mientras recuerda que la actual falta de amarres en Mallorca impide que puedan reubicar sus embarcaciones en otro puerto. Ante esta situación, «apelamos a la figura del derecho preferente o a la implementación de criterios de valoración que tomen en cuenta la experiencia y la estabilidad en la gestión, elementos que resultan esenciales para proteger a las empresas locales y salvaguardar el empleo», señalan en la carta remitida a Ports.
Además, las empresas afectadas también solicitan a Ports IB que valore la posibilidad de expandir la zona comercial portuaria y destinar nuevos espacios para la reubicación de concesionarios recientes «o aquellos que aún no han realizado inversiones significativas en la infraestructura portuaria». Ello tendría como objetivo respetar la permanencia de los actuales operadores, «incluidos nosotros mismos» ya que «hemos efectuado considerables inversiones, tanto en la renovación y adecuación de nuestras embarcaciones como en la contratación de personal especializado y optimización de recursos náuticos».