La patronal mallorquina PIMEM, Unió de Pagesos y la asociación de productores ecológicos APAEMA se unen al frente común contra el proyecto de construcción de la macrogranja para 739.400 gallinas que ya ha recibido un informe negativo del Ajuntament de Sineu. Las tres entidades alertan de que el proyecto supone un alto consumo de territorio y de recursos hídricos que ejerce un impacto negativo sobre el medio ambiente y en la imagen del sector primario.
El presidente de PIMEM, Jordi Mora, ha señalado que «defendemos las iniciativas empresariales, pero respetando unos parámetros de protección del territorio, el paisaje y los recursos naturales, y el modelo que representa esta macrogranja no aporta valor añadido de ningún tipo, solo es una propuesta pensada para entrar en una guerra de precios».
Sector primario
El gerente de Unió de Pagesos, Joan Gaià, ha reiterado la preocupación que el proyecto de la macrogranja, que ya ha despertado un frente común en la Mancomunitat del Pla. «La agroindustria no tiene cabida en Mallorca, donde los animales se crían en extensivo y en buenas condiciones, aunque tengamos que cumplir las mismas normativas». El gerente del sindicato agrario reitera que «el sector primario mallorquín llevamos años a la cabeza en autoexigencia sobre buenas prácticas ambientales y de bienestar animal, alineándonos con las inquietudes acttuales de los ciudadanos, con una producción de calidad y de proximidad que nos permite tener una alimentación saludable». Gaià señala que la misma promotora del proyecto explota otra granja de solo 75.000 gallinas en Manacor «y los olores que padecemos los ciudadanos ya son insoportables, como para imaginar lo que ocurrirá con una macrogranja de casi 740.000 gallinas».
El presidente de APAEMA, Miquel Coll, ha destacado que «este proyecto está totalmente alejado de la agricultura que se practica en Mallorca y del modelo productivo de nuestras islas, formado por explotaciones pequeñas y medianas; la macrogranja de gallinas de Sineu consumirá siete hectáreas de terreno con naves e instalaciones, además de una gran cantidad de agua y de energía, destruyendo el tejido primario a su alrededor».
Las tres entidades hacen un llamamiento a la administración para que «tenga en cuenta cómo la normativa vigente a menudo premia a las grandes empresas a pesar de tener comportamientos éticamente reprobables y con claros perjuicios sociales, medioambientales y económicos».