Arranca el reloj para que el Consell de Mallorca indemnice a la antigua concesionaria del túnel de Sóller por el rescate nulo del peaje, pero será largo. El conseller insular de Territorio, Fernando Rubio, ha informado este jueves por la mañana de la activación de los plazos para la ejecución de la sentencia que el Tribunal Supremo convirtió en firme en septiembre del año pasado.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Palma ha notificado una diligencia al Consell. En ella notifica de forma oficial la sentencia y da un plazo de dos meses a la institución para que ejecute el fallo. Rubio recuerda que el Supremo declaró «nulo de pleno derecho» el rescate. Sin embargo, ni la sentencia del TSJIB ni la del Alto Tribunal fijaban la cuantía que correspondía como indemnización y derivaban la decisión a la ejecución de la sentencia, que es el trámite que se inicia ahora.
Así, en ese plazo de dos meses, el Consell tiene que establecer qué cantidad considera que da por zanjada su responsabilidad y compensa a la empresa, pero no será en realidad más que una propuesta. La empresa concesionaria tendrá un trámite después para alegar y plantear una cuantía alternativa si lo considera oportuno y el juzgado será quien decida en un auto. Esa resolución puede ser recurrida más tarde ante el Tribunal Superior e incluso en casación ante el Supremo, lo que demoraría años el tener una cuantía defintiva. No obstante, el juzgado puede ordenar una ejecución provisional: en ese caso el Consell pagaría ya la cuantía que haya propuesto y el resto quedará pendiente de la resolución final, con el riesgo de que se vea incrementada por intereses legales.
Rubio afirma que el Consell «luchará» para que la sentencia tenga el menor impacto posible en las arcas públicas y criticó la decisión del anterior equipo de gobierno de llevar a cabo el rescate anticipado: «Ha sido la foto más cara de la historia. Si hubieran esperado cinco años, el coste para los ciudadanos hubiera sido cero».
El Consell anuló la concesión del túnel en 2017 y compensó entonces a la empresa por el rescate anticipado con 16 millones de euros. La concesión se inició en 1988 por un plazo de 28 años; hasta 2016. En octubre de 2007 se amplió el plazo hasta junio de 2022. Cinco años de esa fecha se iniciaron los trámites para eliminarla de forma anticipada.
Tanto el TSJIB como el Supremo más tarde concluyeron que la decisión era nula por la inexistencia de un argumento de interés general nuevo que justificara adelantar el fin del peaje cinco años. El Alto Tribunal entendió que el interés de que el paso por la carretera fuera gratuito era el mismo que existía cuando se puso en marcha la concesión sin que nada hubiera cambiado desde entonces, «máxime cuando el interés público se había vuelto a ponderar para prorrogar la concesión apenas diez años antes».
Rubio ha señalado que no se han mantenido contactos ni una negociación previa con la antigua concesionaria que, por ahora no ha adelantado cuál será la cuantía que reclamará como compensación. Durante el procedimiento judicial estimaba el daño causado en 30 millones de euros, por lo que, tras recibir 16, eso supondría para el Consell el pago de los 14 restantes.