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Un empresario español compra la finca de Capocorb Nou, de casi 900 hectáreas

Los terrenos, ubicados en La Marina, frente al mar, eran propiedad de un millonario kuwaití

Imagen de los años 90 de la polémica urbanización en Capocorb Nou, que no llegó a construirse. | Ultima Hora

| Palma |

Un conocido empresario español ha comprado la finca de Capocorb Nou, en la Marina de Llucmajor, unos terrenos que abarcan 900 hectáreas frente al mar y que fueron protegidos por la Justicia hace tres décadas. El dueño de la possessió, hasta la fecha, era un millonario kuwaití, cuyos herederos han decidido desprenderse de la propiedad ante la imposibilidad de urbanizarla.

La firma de la venta se llevó a cabo hace tres semanas, en el más absoluto secreto, y la cantidad que el nuevo propietario ha pagado no ha trascendido, aunque las fuentes consultadas por este periódico han asegurado que son «muy elevadas».

Yacimiento arqueológico

La finca se encuentra junto a Capocorb Vell y su poblado prehistórico, uno de los yacimientos arqueológicos más destacados de la Isla. En 1643 pertenecía a Caterina Dameto y años después fue vendida a los Jesuitas. En 1862 el dueño era Gabriel Clar Salvá y en la década de los años ochenta del siglo pasado Capocorb Nou saltó a las primeras páginas de los periódicos locales porque los compradores kuwaitíes que la habían adquirido, próximos al Grupo KIO, intentaron construir una macrourbanización con 962 chalets, bloques de apartamentos, hoteles y edificios comerciales, sobre una superficie de 445 hectáreas, con un frente de 3.800 metros de costa.

En total, la urbanización podía dar cabida a 12.361 habitantes. Sin embargo, en el mes de septiembre de 1999 el Tribunal Supremo falló que el Govern balear no debía indemnizar a Capocorp SA y Cala Cristal SA con los 12.188 millones de pesetas que reclamaban por no haber podido ejecutar la macrourbanización en la possessió de Capocorb Nou. Pese a admitir el recurso de casación promovido por las promotoras contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que había declarado inadmisible un anterior recurso, el Supremo rechazó que la Administración tuviera que afrontar cualquier compensación económica. La urbanización iniciada a principios de los 80 fue paralizada en mayo de 1990 al ser declarada Area Natural de Especial Interés.

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