«No se considera delictiva la omisión de ciertos requisitos administrativos dada la particular situación del ayuntamiento». La Fiscalía Anticorrupción descarta una gestión ilegal en el Ajuntament de Binissalem por parte del alcalde, Víctor Martí. El Ministerio Público ha apoyado la petición de sobreseimiento presentada por el abogado del edil, Gaspar Oliver. En consecuencia, el juzgado de Instrucción 2 de Inca ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional del caso.
La investigación en torno a Martín partió de una denuncia de la oposición municipal durante el anterior mandato por unas supuestas irregularidades en la contratación de servicios y suministros para el Ajuntament.
La defensa aportó numerosa documentación para intentar acreditar que Martín había «desburocratizado» el Ajuntament y que las facturas respondían a trabajos reales que se habían llevado a cabo y que respondían a necesidades del pueblo como la limpieza de acequias o la contratación de personal para hacer frente a una plaga de cucarachas. También criticaba la denuncia inicial que entendía, era un uso político de la justicia penal. El plazo de la instrucción había concluido después de una serie de testificales y la declaración del propio alcalde en 2021.
Tras las últimas elecciones municipales, Martín conservó el bastón de alcalde, pero ahora con el apoyo del PSIB, uno de los denunciantes iniciales que, a partir de ese momento se retiró del procedimiento judicial. Esa actuación lleva a la defensa a sostener que existió una «instrumentalización» del procedimiento penal y a añadir argumentos de descargo.