La protesta de 300 vecinos para reclamar el carácter público del Camí de Passatemps llegó este martes un juzgado de lo Penal. Uno de los participantes en la marcha está acusado por un delito de coacciones por parte de la propiedad de la finca que sostiene que se trata de un camino privado. La Fiscalía reduce la gravedad penal de los hechos a un delito leve de coacciones. Ambas acusaciones solicitan una condena de multa para el activista acusado que sostiene que el procedimiento «es una persecución» por parte de la propiedad.
La protesta fue convocada por varias asociaciones: el grupo ecologista Gadma, la plataforma Pro Camins Públics i Oberts, la Asociación de Vecinos de Palmanyola y Lobby Bou. Se llevó a cabo el 24 de abril de 2022 y consistía en recorrer el tramo del camino que atraviesa la finca privada. Se lo encontraron cerrado y la puerta atada con una cadena y un candado. Fue cortado por los activistas. El acusado aparece en un vídeo grabado en el momento de la entrada y luego encabezando la marcha. Lo justifica en que, la organización le pidió que controlara la seguridad de la marcha al atravesar un tramo de carretera estrecha y con mucho tráfico.
«No participé en la rotura de nada. Yo soy un vecino que ha denunciado siempre que ese camino es público», justificó. Dos trabajadores de la finca grabaron el acceso de la protesta, que había sido autorizada por la Delegación del Gobierno. Ninguno de los testigos se responsabilizó de la rotura de la cadena. Las acusaciones entienden que ese hecho y la entrada de los manifestantes constituyen el delito de coacciones.
Punto de vista
La dueña de la finca: «Solo busco tener privacidad en mi casa»
«Lo que busco es tener privacidad en mi casa y que no entre más gente». La dueña de la finca que atraviesa el camino, declaró en el juicio. Sostuvo que las protestas se han producido durante años y que se enteró de esta a través de sus empleados y que, a partir de ahí, decidió interponer una denuncia, precisamente contra el único de los manifestantes ya conocido por ellos:en otra ocasión ya había sido denunciado por tirar una pared de pedra en sec de la finca y absuelto de ese delito. Mientras hay un procedimiento para decidir si el camino es de titularidad pública o no.