El Partido Popular cambiará la fórmula de acceso a las 99 Viviendas de Protección Oficial (VPO) que estos días se están terminando de construir en Santa Ponça. A falta de apenas dos semanas para que los inmuebles sean recepcionados, el nuevo equipo de gobierno entiende que resultará más oportuno convertirlas todas ellas en viviendas en alquiler con opción de compra.
Según la planificación del anterior gobierno municipal socialista, únicamente una decena de pisos debían adoptar esta forma, mientras 50 eran para alquiler y 39 para venta. Sin embargo, el nuevo consistorio cree que ante los elevados tipos de interés -más teniendo en cuenta el escaso músculo económico de los aspirantes a las viviendas protegidas- la mejor solución pasará por un arrendamiento que, eso sí, permita los inquilinos convertirse en propietarios desde el primer momento. Durante estos días se está realizando el pertinente estudio económico que, entre otras cosas, deberá marcar el rango máximo de años para poder ejecutar la opción de compra.
Sí tienen claro en el Ajuntament que, en la medida de lo posible, todas las viviendas deberán ser habitadas por residentes calvianers a través de una lista de aspirantes que se podría crear al margen del IVABI. «El solar y la financiación son municipales, y se debe poner en valor a la hora de elegir a sus residentes», señala el gerente del consistorio, Pepe Alemany.
El precio no se ha asignado todavía, pero tienen claro en el equipo de gobierno que «mucho antes» de que acabe 2023 se habrán entregado las llaves de las 99 viviendas, situadas en un lugar privilegiado de Santa Ponça y en cuya construcción se han invertido más de 14 millones de euros procedentes de las arcas municipales. La mayoría de los pisos son de dos dormitorios (60), mientras que habrá 30 de tres habitaciones, 5 de una y 4 de cuatro habitaciones. Siete de las viviendas son adaptadas.