Entre 60.000 y 300.000 euros por una falta «muy grave». Es la sanción a la que se enfrenta la discoteca Temple, de Magaluf, por utilizar a una bailarina en el exterior del local como reclamo para atraer clientela. La sanción, cuyo expediente corre a cargo del Ajuntament de Calvià al tener las competencias transferidas, se concretará en el transcurso de la instrucción, pero supondrá un duro varapalo para uno de los renovados locales de ocio nocturno de la zona.
El Consistorio cumple de esta forma con el artículo 7 de la normativa autonómica que, en referencia a las «prácticas denigrantes», se refiere a la prohibición de «cualquier práctica que cosifique o hipersexualice a la persona, especialmente a la mujer», con la finalidad de inducir al consumo de alcohol o a la entrada en un establecimiento al público.
La trabajadora en cuestión bailaba en el exterior del piso superior del local, y lo hacía con la vestimenta habitual en estos casos, algo que está prohibido por la ley de excesos, que impide utilizar como reclamo ropa o «adoptar una actitud que suponga menosprecio (...) o denigración hacia las personas, especialmente las mujeres».
El pasado verano, el consistorio calvianer ya impuso diez multas por infracciones consideradas «muy graves». De ellas, ocho se debieron a la venta de alcohol fuera del horario permitido, mientras las otras dos recayeron sobre sendos lapdance por promover la «denigración del cuerpo de la mujer».
En total, fueron sancionados una treintena de locales de ocio nocturno por un importe que rebasó los dos millones de euros, después de que el Consell traspasara al ayuntamiento las competencias sancionadoras de la ley de excesos. Sin embargo, es la primera ocasión en que se impone una sanción de este tipo a un local de copas por contar con una bailarina en su equipo.
Sorpresa
No es de extrañar por tanto que la fuerte sanción haya causado sorpresa, pero también indignación, entre un empresariado que, especialmente este invierno, ha invertido «mucho dinero» en poner los locales de ocio al nivel que se quiere ofrecer por parte del sector hotelero y de la administración.
El propietario de Temple, Biel Carbonell, que es además socio en diversos bares de copas y restaurantes de la zona no sale de su asombro, aunque tiene claro que plantará batalla legal para evitar lo que entiende es «una injusticia». En este sentido, CAEB Restauración tratará de mediar para poner «cordura» en la normativa.
El empresario Alejandro Jara asegura por su parte que el take away de su propiedad ubicado en Punta Ballena fue sancionado con 120.000 euros el pasado año porque estaban a la vista «un par de cervezas» para consumo de sus propios empleados.
Punto de vista
Multar es lo más fácil
Juanjo RoigLa sanción por cosificar a una mujer puede ser la más llamativa, pero hay que recordar que Calvià ya impuso sanciones el verano pasado por un importe total que superó los dos millones. Los empresarios están que trinan porque estas multas se han de sumar a los esfuerzos que muchos de ellos han realizado en temporada baja para renovar y poner a punto sus locales. Está claro que las leyes están para cumplirlas, pero quizá sería más beneficioso para todos si, antes de recurrir a lo económico, hubiera un proceso de información y concienciación previo.