El Govern, con la presidenta Francina Armengol a la cabeza y con el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, pone la primera piedra en Santa Margalida de una promoción de 10 viviendas sociales para paliar los efectos de la inflación inmobiliaria. La presidenta de les Illes Balears ha acudido al acto de presentación de este nuevo edificio en el Carrer Pere Estelrich Fuster, 22, con el que aumentarán a 44 las casas de protección oficial en el municipio y que tendrá un coste público algo inferior a los dos millones de euros.
Armengol ha aprovechado para recordar el compromiso de 'El Pacte' y del IBAVI con el municipio. «Es una necesidad básica para Santa Margalida y Baleares. Ya lo demostramos hace unas semanas cuando pusimos la primera piedra para la Unidad Básica de Salud». A su vez, reivindica la inversión en políticas de viviendas sociales en este pueblo. «Hemos realizado muchas actuaciones y compras de terrenos. Todas a nuestro cargo y esperamos tener consenso con el Ajuntament para poder seguir desarrollando estos proyectos», menciona.
A su vez, Joan Monjo, se muestra muy crítico con la situación inmobiliaria actual que sufre el municipio en el que gobierna. «Hay un problema importante de viviendas ya que hay pocas y a precios inaccesibles para un ciudadano medio», ha insistido. Por otro lado, reivindica que Can Picafort sufre muchísimo en verano por la ausencia de viviendas para los trabajadores de temporada. «Hay un gran déficit de casas sociales y en general en Can Picafort y muchas estancias vacacionales», ha manifestado. En la misma línea, asegura que «no hay terrenos porque se han desclasificado y son espacios donde no se puede construir», afirma.
Por otro lado, ha hecho un inciso en relación al Dia Mundial del Agua que se celebra este miércoles y pide al Govern que se replanteen la situación del emisario submarino en Can Picafort. El alcalde considera que «contamina el mar y daña la posidonia, por lo que hay que darle solución a la circulación del agua depurada y limpia», insiste.
Proyecto
El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, califica el proyecto como «la confirmación del compromiso del Govern con las viviendas sociales» y reafirma «el mayor presupuesto de la historia de la democracia». Además, junto con los arquitectos que ganaron el concurso público, Javier Gavín i Siddartha Rodrigo valoran que «tendrá un impacto ecológico muy bajo y que se ha diseñado con la intención de que el frío y el calor sean mínimos en ambos casos por la profundidad de la casa».