Los delegados de personal de la empresa municipal de Pollença EMSER 2002 han denunciado «las contrataciones a dedo que se han realizado desde la gerencia». Según indican, «hemos recibido una comunicación por parte de la gerencia de la empresa municipal en la que nos anuncian la contratación arbitraria de dos personas que no han pasado por ninguno de los procedimientos de acceso a la empresa pública».
Los delegados de personal de EMSER 2002 indican que «esta desconcertante comunicación ha sido remitida en la misma semana en la que la empresa ha recibido citación como demandada en un juicio por un presunto incumplimiento de estos principios de acceso a la función pública cometido en la contratación urgente de la pasada temporada».
Los representantes del personal relatan que «a principios de marzo, cuando nos enteramos de que presuntamente se estaba llevando a cabo un sistema de selección no ajustado a ley, avisamos al gerente de EMSER para que activara un procedimiento legal para que las contrataciones de refuerzo para la temporada 2023 no acabasen en el juzgado como ocurrió en 2022». Según los denunciantes, «el gerente respondió que no se estaba realizando ninguna selección y que en enero se había pedido a cinco personas que dejaron su currículum si tenían disponibilidad para empezar a trabajar». Los denunciantes consideran que «desde enero había tiempo de sobra para preparar un proceso selectivo ajustado a la legalidad».
El 16 de marzo, «el gerente convocó a la representación legal de los trabajadores y se acordó realizar una oferta de ocupación pública de carácter urgente que acabaría con un proceso de selección ajustado al convenio».
Uniformes
Los delegados denuncian que «esta reunión fue una cortina de humo, porque el mismo día de la reunión la empresa remitió un escrito en el que presentaba a los dos nuevos conductores para la temporada 2023. De hecho, algunos compañeros de trabajo aseguraron que en los días previos estas personas contratadas ya disponías de los uniformes y equipos de protección de EMSER 2002». No descartan «interponer una denuncia frente a la Oficina Anticorrupción y emprender las acciones legales en los juzgados».