Calvià ha impuesto este verano sanciones por un importe cercano a los dos millones de euros a locales de ocio de Magaluf. Lo ha hecho a través de los treinta de expedientes abiertos a bares de copas y discotecas, pero también a organizadores de party boats, y siempre en aplicación del decreto de Excesos. Una decena de esas sanciones fueron calificadas como «muy graves», por lo que los empresarios deberán abonar multas que de promedio se sitúan entre los 130.000 y los 140.000 euros, según detallaba ayer el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal. De ellas, ocho basan la sanción en la venta de alcohol fuera del horario permitido, mientras las otras dos obedecen a la «denigración del cuerpo de la mujer» a través de cartelería o publicidad.
Las elevadas cuantías económicas, pero también las medidas cautelares que incluyen –como el cierre de la actividad– han servido, según Rodríguez Badal, para reducir este año las actitudes incívicas y para proyectar hacia el exterior «una mejor imagen del destino». Así lo explicó el primer edil tras reunirse en sede consistorial con representantes del Consell, del Govern, y con la delegada del Gobierno, Aina Calvo. Las tres instituciones coinciden de hecho en hacer un balance positivo del decreto, valorando especialmente la «eficacia» que, según ellos, ha mostrado el texto autonómico para frenar los excesos y transmitir una «buena imagen» hacia el Reino Unido, principal mercado emisor de Magaluf. «Hemos dejado claro que no queremos ese tipo de turismo», señaló la presidenta del Consell, Catalina Cladera.
Desde la Guardia Civil ponen el acento en el notable incremento de los delitos resueltos: un 20 % más que en el verano previo a la llegada del coronavirus. Además, se ha llevado a cabo el despliegue por vez primera –entre el 1 de junio y el 30 de septiembre– del llamado Grupo Rural de Seguridad, algo que ha servido para «multiplicar la eficacia» según el comandante de la Benemérita, Gómez Bastida.