El desahucio de la familia Santiago Moreno, que se ha llevado a cabo este jueves, es ya el sexto intento de desalojo de la vivienda que ocupaban en la calle Prevere Tomàs Monserrat. Con él se pone fin a cuatro años de batalla de la familia que, con la ayuda de los activistas de Stop Desnonaments, luchaban contra el desalojo reclamado por Abanca (antigua Nova Caixa Galicia) y a instancias del juzgado número 13 de Palma.
Más de medio centenar de efectivos de la Guardia Civil se desplazaron hasta la vivienda para desalojar a los miembros de la familia. Desde la plataforma indican que «se trata del caso más grave de todo el Estado». Aseguran que las administraciones no se han interesado «en ningún momento» en conocer la realidad de la familia que cuenta con seis personas con un 65 y un 95 por ciento de discapacidad reconocida además de un menor con un 36 % de discapacidad.
Desde la Plataforma indican que «las administraciones van a decir que la familia ha renunciado a un piso que se les ofreció. Pero la verdad es que se les ofrecieron dos pisos en Inca y debían pagar 400 euros al mes por cada uno de ellos. Además estos pisos estaban separados y la familia debe permanecer unida, no pueden separarse al tener este número de discapacitados», apuntan uno de los integrantes de la plataforma de Llucmajor. Cabe señalar que en el momento del desalojo, que se alargó toda la mañana, uno de los representantes de la plataforma resulto levemente herido. Después, la familia pudo abandonar el recinto sin problemas.
Estos enseguida se desplazaron hasta el edificio del ayuntamiento. Allí, una vez instalados en el hall de entrada, y tras pedir la presencia del alcalde, Éric Jareño, volvieron a presentarse los agentes de la Guardia Civil que los sacaron, aquí sí con más fuerza policial, apuntan desde la Plataforma. Durante toda la tarde, los diez integrantes de la familia Santiago Moreno permanecieron resguardados de la lluvia bajo el palco de la plaza de Espanya de la ciudad. Allí tienen previsto pasar la noche y permanecer hasta que se les de una solución.
Consistorio y plataforma
Por su parte, desde el Consistorio llucmajorer, el regidor de Serveis Socials,Gabriel Rojo, manifestó que «se trata de una desocupación por orden judicial y en ningún momento podemos interferir con la justicia». Rojo asegura que «estas personas han sido atendidas en todo momento por los Serveis Socials de la ciudad y se les ha tramitado las ayudas que cobran. Tienen ingresos que superan mi nomina de enfermero». Rojo añade que «tanto el IMAS como nosotros o el IBAVI hemos trabajado para ofrecerles tres pisos que han rechazado. Han dicho que no a todas las soluciones que hemos puesto sobre la mesa». «Hay que decirlo muy claro es una desocupación judicial no un desahucio» sentencia Rojo.
Desde Stop Desnonaments responsabilizan del desahucio al «Ajuntament de Llucmajor por el abandono de los Serveis Socials que se han negado a atenderlos personalmente para realizar el informe de vulnerabilidad, entre otras cosas» y exigen «una alternativa urgente para la familia, abriendo el polideportivo está misma noche -por ayer- y un hostal a partir de mañana -hoy-».