Hasta seis regidores de los 17 con los que cuenta el Ajuntament de Andratx se encuentran ahora mismo investigados a raíz de una denuncia presentada el pasado año por los ediles del Partido Popular. Todos ellos se enfrentan a un posible delito de prevaricación administrativa, y tendrán que declarar a mediados del mes de septiembre en los juzgados de Palma en calidad de investigados. Entre ellos se encuentra el portavoz del Pi en el consistorio andritxol, Llorenç Suau, convertido en socio del PP tras la moción de censura que tumbó a Toni Mir como alcalde, y que ahora se enfrenta a la justicia debido a la demanda de quienes hasta hace apenas un mes formaban parte de la oposición.
La media docena de regidores imputados la forman, además de Suau, la portavoz de Més, Ruth Mateu, y los cuatro ediles del PSOE en el Castell de Son Mas. Los hechos investigados se remontan a 2021, cuando la interventora municipal redactó un demoledor informe en el cual, entre otras cosas, acusaba al equipo de gobierno formado por socialistas, ecosoberanistas y regionalistas, de realizar fraccionamientos de contratos, evitando de esta forma la pública concurrencia en las licitaciones.
Aquel informe derivó en un agrio debate plenario y desde Ciudadanos presentaron diversos recursos en el propio ayuntamiento con los que agotar la vía administrativa. El Partido Popular, en cambio, optó por llevar el tema a los juzgados, presentando una denuncia que ahora se ha vuelto en contra de uno de sus nuevos socios de gobierno.