Los ayuntamientos de Mallorca que mejoren las ratios de atención a los usuarios de servicios sociales tendrán desde este año primas para obtener mayores subvenciones del Govern y del Consell en esta materia. Desde ahora se exigirá como mínimo disponer de un trabajador y un educador social por cada 7.500 habitantes para poder obtener ayudas económicas supramunicipales. En 2023, el mínimo pasará a ser de un trabajador y un educador social por cada 6.500 habitantes y en 2024 un trabajador y un educador social por cada 5.000 habitantes.
El director general de Planificació, Equipaments i Formació, Juan Manuel Rosa, explicó este martes en el Centre Bit de Inca a los alcaldes, alcaldesas, regidores y regidoras de Mallorca los detalles de plan de financiación de los servicios sociales municipales para los próximos tres años.
29,5 millones
El importe total de las ayudas asciende a 29,5 millones de euros, que el Govern balear traspasa a los consells insulars, que son quienes firman los convenios con los municipios. En el caso de Mallorca, el Consell añade otros 9 millones de euros. El principal objetivo de este nuevo plan trianual es ampliar el número de profesionales de los servicios sociales municipales y reforzar los servicios públicos, una cuestión sobre la que ya venía avisando el Govern desde el año 2019, antes de que estallara la pandemia de la COVID-19. La presentación de ayer, organizada por el Consell en el Centre Bit de Inca, abre un nuevo escenario con el objetivo que en el año 2024 todos los municipios de Mallorca tengan al menos un trabajador social y un educador social por cada 5.000 habitantes. Además deberán disponer de un auxiliar por cada 10.000 habitantes. El cumplimiento de estas ratios será una condición para acceder a la nueva financiación.
El importe total del plan de ayudas del Govern se mantiene este año en 8,9 millones de euros pero subirá un 15 % a partir de 2023 con 10,2 millones de euros. Además de financiar el 50 % de los gastos de personal de los servicios sociales municipales la Conselleria d'Afers Socials paga a través de este plan actuaciones sobre los usuarios como ayudas económicas (emergencia social y otras) y actividades comunitarias de prevención. Para la aportación se tiene especialmente en cuenta el número de personas mayores de 85 años y menores de 14 que hay en cada municipio.