Como cuando en las películas policiacas norteamericanas las cosas se ponen chungas sale alguien y exclama «¡llamad a los federales!», la grave crisis que tiene al pacto de gobierno del Ajuntament d'Andratx instalado en la UCI ha obligado a las direcciones insulares de PI, Més y PSOE a tomar cartas en el asunto. No de las oficinas centrales del FBI sino de Palma llegaron el viernes noche a Andratx agentes especiales de la socialista Catalina Cladera y del ecosoberanista Lluís Apesteguia.
El PI no desplazó hasta el municipio de Ponent a ningún paje porque se presentó el mismísimo presidente de los regionalistas, Bartomeu Gili, acompañado de su secretario general Rafel Ballester. El emisario de Més fue el parlamentario Joan Mas ‘Collet' y por parte del PSOE el alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, el regidor de Urbanismo de Calvià, Marcos López Expósito, y Tolo Aguilar, uno de los principales ‘fontaneros' de Cladera en el Consell. Todos ellos participaron en una reunión en la que, por parte del Ajuntament se sentaron el alcalde Toni Mir (PSOE) y el regidor socialista Antoni Bordoy, Ruth Mateu de Més y del PI el primer teniente de alcalde Llorenç Suau y la edil Francisca Castell. El objetivo: intentar salvar in extremis un pacto de gobierno en estado crítico que tiene a las bases de la formación regionalista muy irritadas. «O se recompone la situación o se tomarán otras medidas», advierten.
La reunión del viernes es vista por la izquierda como un «punto de inflexión» después de que, el 27 de enero, la abstención de los tres regidores del PI en el pleno de presupuestos obligara al alcalde a hacer uso de su voto de calidad para aprobar las cuentas diseñadas por Més. Hundida desde entonces, Mateu no disimuló el viernes su malestar con el PI por los argumentos para la abstención. Tampoco han gustado a los ecosoberanistas los contactos restablecidos con el PP. Choques ideológicos aparte, la razón nuclear de que el tripartito se encuentre más cercano de la rotura que de su salvación se debe al bloqueo de la acción municipal. Si de algo sirvió el encuentro del viernes, fue para diseñar una hoja de ruta con 10 actuaciones que deben ejecutarse antes del final de legislatura. Tras cambiar de aliados después de las elecciones de 2019, los regionalistas no están dispuestos a acudir a las urnas en 2023 sin la consecución de los proyectos que motivaron el actual pacto. El PI apunta a Mir. «Esperamos una reacción de Alcaldía», advierten desde el grupo municipal. Sin embargo, será la militancia quien al final levante o baje el dedo.