El pleno del Ajuntament de Alcúdia rechazó esta semana con los votos del PSOE, el PI y Més y con la abstención del PP, Cs, Vox y Unió per Alcúdia iniciar el expediente de regularización del servicio de abastecimiento de agua potable de las empresas gestoras que según Podemos «operan irregularmente en el municipio sin título concesional ni contrato».
Podemos se quedó solo a la hora de defender su moción que instaba también al gobierno municipal a elaborar un reglamento del servicio para su aprobación y entrada en vigor en 2022. Exigía además a la alcaldesa que dé cuenta al pleno del contrato por el que la empresa Fomento Agrícola Castellonense S.A. (FACSA) ha adquirido la empresa concesionaria Aguas Canalizadas de Alcúdia S.A. (ACASA)
«Complicado»
La alcaldesa Bàrbara Rebassa insistió en el pleno en que «quien da servicio es ACASA y no FACSA. Admitió que «es un tema muy complicado» y aseguró que «estamos mirando de sacar los pliegos de condiciones para hacer una auditoría del servicio». Podemos recuerda que en marzo la alcaldesa ya dijo que se estaban haciendo esos mismos pliegos de condiciones por lo que muestra su desconfianza. «El artículo 128 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955 dispone que es obligación del concesionario ejercer, por sí, la concesión, no cederla o traspasarla a terceros sin la anuencia de la Corporación», añade.