El Tribunal Supremo ni tan siquiera ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por el Ajuntament de Felanitx. O sea, que tendrá que pagar 5,2 millones de euros más los intereses de demora, es decir poco más de seis millones de euros a los propietarios del terreno de sa Punta, en Portocolom, que durante años se utilizó como aparcamiento de la playa de s'Arenal, hasta que se inició el litigio en los tribunales en el año 2015. Se trata de una parcela de 8.568 metros cuadrados que forma parte de un conglomerado urbanístico que se remonta 33 años atrás.
El alcalde Jaume Monserrat afirmó este viernes que «acataremos la sentencia y pagaremos», pero «estudiamos interponer una demanda de responsabilidad al Govern ya que fue quien declarando unos terrenos como ANEI» hizo que no se pudiera ejecutar el convenio urbanístico entre el Ajuntament y la familia de España, propietaria de los terrenos. «El Govern tendría que asumir su parte de responsabilidad». Por su parte, la oposición, Bloc y PSOE, denuncian la política de «mans foradades» por parte del actual gobierno (PP, PI, J. Aznar) que «a sabiendas de la inminencia y cuantía de la sentencia han gastado casi todo el remanente –de ocho millones– que se había conseguido ahorrar». Consideran que el Ajuntament «se encontrará en quiebra», explican. El alcalde los ha desmentido: «a día de hoy tenemos 11,8 millones de euros de tesorería».
La historia
En el año 1988, el gobierno local del PP, mediante un convenio urbanístico en virtud del cual se declararían como urbanizables los terrenos de la fase 3 de sa Punta y los propietarios, a cambio, cederían este solar destinado a zona verde pública incluido en sa Punta 2, pero la promulgación de la Llei d'Espais Naturals en enero de 1991 frustró el plan urbanizador al ser declarados ANEI. Desde aquel momento ha habido negociaciones entre el Ajuntament y la propiedad, con cambios de cromos en los planeamientos urbanísticos (que no se han aprobado), hasta que en 2015 los propietarios presentaron una demanda ante el Jurado de Expropiación.
En un principio, la familia de España pedía 7,3 millones, mientras que el Ajuntament lo valoró en 2,8 millones. La sentencia ‘salomónica' lo ha dejado en 5,2 más los intereses, que serán sobre un millón.