El Ajuntament de Santa Margalida creará una comisión de investigación sobre los presuntos empadronamientos fraudulentos que la Fiscalía está investigando y por los cuales fue citado a declarar el pasado 15 de septiembre en los juzgados de Inca el alcalde, Joan Monjo, en calidad de investigado. Así lo aprobó el jueves por unanimidad el pleno municipal, tras presentar esta propuesta por sorpresa el propio alcalde.
La moción urgente de Alcaldía que Monjo elevó a pleno señala que «ante las diversas denuncias manifestadas tanto anónimamente a través de pintadas en muros de solares y otras denuncias oficiales como la presentada ante el juzgado de instrucción de Inca por parte del señor Antoni Reus en representación de la coalición SUMA, propongo crear la comisión especial de análisis de las posibles modificaciones irregulares en el censo electoral de las elecciones municipales de 2015 y 2019».
El escueto texto firmado por Joan Monjo cogió por sorpresa a los partidos de la oposición, entre los que figuran los integrantes de la coalición SUMA (PSOE e Independents, actualmente divididos en dos grupos municipales). Los tres partidos de la oposición aceptaron la creación de esta comisión, aunque no hubo debate. «Es una cortina de humo» apunta Martí Fornés, portavoz de Independents.
Por su parte, el alcalde señala que «como no tengo nada que ocultar y quiero la máxima transparencia, propuse crear esta comisión con un concejal de cada partido y yo mismo, en la que repasaremos las alteraciones del padrón que pueda haber en los censos de 2015, cuando había un alcalde de SUMA (Antoni Reus) y de 2019, cuando lo era yo».
Los hechos investigados ahora por la Fiscalía se remontan a las elecciones municipales de mayo de 2019. Entonces SUMA denunció ante la Junta Electoral que al revisar el padrón de habitantes de Santa Margalida para preparar los envíos de propaganda electoral, detectaron al menos 28 casos sospechosos de ser falsos empadronamientos. «Muchos de ellos se realizaron a pocos días de las elecciones y en propiedades del alcalde, desde un kiosko de la playa hasta fincas en las que no hay ninguna construcción», explicó en su día el portavoz socialista, Xisco Bergas. El día 15, el alcalde acudió a declarar acompañado de su abogado, Eduardo Valdivia, y reiteró ante la juez su inocencia. Ahora, paralelamente a la investigación judicial, se realizará otra a nivel municipal que, según Monjo, comenzará la próxima semana.
Dentro de otro orden de cosas, el pleno aprobó también una propuesta de prolongación de jornada para los agentes de la Policía Local, que cobrarán seis mil euros de plus por realizar 300 horas más anuales. Este plus se repartirá en mensualidades. También se aprobó la concesión de medallas de la Policía Local a un agente por sus 35 años de servicio y al jefe de Protección Civil, por su labor altruista en el municipio. Además, Monjo exhibió su nueva buena sintonía con el cuerpo tras poner fin a una etapa convulsa, con una serie de felicitaciones públicas a los agentes por una serie de intervenciones, entre ellas haber salvado la vida a una niña de dos años y haber logrado evitar un suicidio.