Los apartamentos ilegales de la calle Tonyina de Cala Llamp han vuelto este verano a alquilarse a turistas, justo cuando el pasado 7 de agosto expiró otro plazo para iniciar el derribo de los bloques de viviendas levantados al socaire de una licencia urbanística otorgada de forma irregular en 2005 por el entonces alcalde Eugenio Hidalgo.
Durante esta semana pasada, este diario ha podido comprobar in situ como cinco de los 12 apartamentos estaban ocupados por turistas extranjeros que los habían alquilado para pasar sus vacaciones estivales. Todo, 15 días después de que venciera el segundo plazo que el Ajuntament d'Andratx había otorgado a Amer e Hijos para iniciar las obras de demolición.
La razón del incumplimiento de este segundo plazo es la misma que motivó el del primero. Una nueva demora cuya responsabilidad en nada atañe a la constructora adjudicataria de los trabajos de derribo, ni tampoco al consistorio que, como entonces, sigue esperando la autorización del Juzgado de lo Contencioso-Administrativa número 2 de Palma para dar luz verde a la demolición.
El 31 de marzo expiró el primer plazo para tirar los apartamentos ilegales de Cala Llamp sin que entonces y como ahora se hubiera movido una sola piedra de ninguno de ellos. El contrato de obras adjudicado por el Ayuntamiento a Amer e Hijos estipulaba que los trabajos debían concluir antes del primer trimestre de 2021.
Improrrogable
Así, una semana después, el 7 de abril, el Ayuntamiento y la empresa acordaron, mediante un acta de comprobación de replanteo negativo y suspensiva, la apertura de un nuevo plazo de cuatro meses para que, en cuanto el mencionado tribunal diese luz verde al derribo que ya dictó mediante sentencia firme en 2013, la empresa Amer e Hijos pudiera iniciar las obras. Sin embargo, cuatro meses después, la autorización judicial sigue sin llegar.
Ahora, el Ajuntament d'Andratx está pendiente de concertar una nueva reunión con la empresa constructora para decidir cómo actuar a corto plazo. En declaraciones a Ultima Hora, el alcalde Toni Mir (PSOE) reconoce que la suspensión acordada el pasado mes de abril es administrativamente improrrogable y que Amer e Hijos podría acogerse a su derecho de solicitar la anulación de la licitación, así como una indemnización por incumplimiento del contrato.
En caso de darse la posibilidad, la demolición de los apartamentos ilegales de la calle Tonyina de Cala Llamp podría demorarse aún más, ya que debería convocarse un nuevo concurso para la adjudicación de unos trabajos cuya ejecución volvería de nuevo a depender de una autorización judicial que no llega.